Aunque estemos, ya, acostumbrados a las protestas, huelgas y manifestaciones de todo tipo de colectivos, la verdad es que los comunicados públicos, denuncias y convocatorias de medidas de presión por parte de los jueces, y de las organizaciones que los representan, aún produce un gran impacto en la opinión pública.
La dimensión institucional de la función judicial ha determinado que, pese a las graves y profundas reclamaciones que hemos tenido, desde hace ya muchos años, quienes formamos parte de ella, hayamos tratado siempre de reconducirlas por el cauce del diálogo, y la colaboración con los sucesivos gobiernos.
Sin embargo, y visto el desolador panorama actual que ofrece la Administración de Justicia, parece que no ha existido el mismo nivel de compromiso y de responsabilidad por parte de todas las administraciones implicadas.
Cualquiera que, por el motivo que sea, tenga que acudir a un órgano judicial, puede comprobar el estado de obsolescencia e ineficacia en que trabajan los juzgados y tribunales españoles.
Saturados de trabajo, carentes de medios materiales y humanos, aquejados de todo tipo de disfunciones y sin coordinación entre ellos, se han limitado, en buena medida, a resistir, como han podido. Y ello sólo gracias al esfuerzo de quienes trabajamos en unos órganos judiciales que, sin embargo, no garantizan una mínima calidad en el servicio público que prestan.
Cada cierto tiempo, además, venimos sufriendo campañas de descalificación que buscan descargar exclusivamente sobre los jueces y los funcionarios que trabajan en la Administración de Justicia la responsabilidad de ese mal funcionamiento.
A este respecto, me gustaría dejar apuntado un solo dato: desde el año 2004, el número de asuntos resueltos en los juzgados y tribunales españoles ha ascendido un 23,12% (De 7.486.315 a 9.217.395). Sin embargo, el número de jueces sólo ha pasado de 3.997 a 5.171. Es decir, de una ratio de 9,54 jueces por cada 100.000 habitantes a 11. Muy alejada, además, de la media europea, que se sitúa 24,7.
Yo no tengo ninguna duda que esta sobrecarga en nuestro trabajo ha redundado, también, en una peor calidad de la respuesta judicial. En primer lugar, porque es lenta, lo que genera tantos problemas añadidos a quienes son partes en un procedimiento que difícilmente pueden llegar a considerarla justa. Ni siquiera aunque les de la razón.
Y, en segundo término porque, agobiados como estamos por la cantidad de asuntos que tenemos que resolver, nos hemos volcado en el estudio del contenido de unos enjundiosos y complejos procedimientos, y en el dictado de los autos o las sentencias que los resuelvan.
Descuidando el que, creo yo, debía ser el principal cometido de nuestra función: dispensar una atención adecuada al ciudadano que acude ante el órgano judicial. Distribuyendo nuestros tiempos de trabajo de manera más racional, en función de esa atención. Dándole el tiempo que necesite para explicarse, sin apremiarle, para hacerle comprensible el contenido de las actuaciones judiciales, y no sometiéndole a interminables esperas, como sucede ahora.
Pero eso exige disponer de otro reparto de la carga del trabajo judicial. Que, además, es algo que se puede medir, y se puede establecer con bastante precisión. Y que la inmensa mayoría de los Jueces venimos reclamando desde hace años, infructuosamente.
Probablemente porque la primera consecuencia de esa medición es que a un Juzgado o Tribunal que tenga asignada una carga de trabajo razonable de 500 asuntos, el propio sistema no pueda atribuirle 1.200 –como viene sucediendo hasta ahora- para que los atienda cuándo y como pueda.
Resulta, sin embargo, que la creación y puesta en marcha del número de órganos judiciales suficientes para ofrecer esa respuesta no corresponde al Poder Judicial, sino al Ejecutivo. Que –números cantan– lleva descuidando su responsabilidad a lo largo de muchos años y muchos y sucesivos gobiernos.
Como lo es la modernización tecnológica e informática, que en este punto comparte, además, con algunas Comunidades Autónomas, lo que ha generado tal disparidad y descoordinación en la asignación de los recursos que llega a rozar, muchas veces, el despropósito.
Pues bien, ante esta situación, la respuesta del Ministerio de Justicia ha sido la de poner en marcha toda una batería de reformas legislativas que, por una parte, persiguen el debilitamiento del órgano de gobierno del Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial. Desposeyéndole de algunas competencias, esenciales para la independencia judicial, y hasta modificando una composición del mismo que establece la propia Constitución en su artículo 122.
Y, de otra, disuadir a los ciudadanos de que acudan a los tribunales, a base de establecer obstáculos para el ejercicio de su derecho a obtener una tutela judicial efectiva. Derecho fundamental, también consagrado como tal en nuestra Constitución. Para ello, ha puesto en marcha una Ley de Tasas que obligará a quien tenga que acudir a los Tribunales a pagar, con carácter previo, una cantidad superior, en ocasiones, al importe de su reclamación.
Hay muchas más razones para la protesta. Suprimir, de golpe, la actuación de los aproximadamente 1.000 jueces sustitutos y magistrados suplentes, acabando con el importantísimo y meritorio trabajo que muchos de ellos vienen haciendo durante años, tampoco es ninguna broma. Alguien deberá explicar cómo se pretende distribuir todo ese ingente número de asuntos en unos órganos hoy ya sobresaturados con unas cargas de trabajo inasumibles.
Pero es que, además, cualquier oposición o denuncia ante tales decisiones resulta inmediatamente contestada con descalificaciones tan inciertas como injustas. Porque la postura de la mayoría de los jueces ante estas carencias estructurales, organizativas, tecnológicas y presupuestarias siempre ha sido –lo sigue siendo, además– la de la colaboración leal, y el compromiso con la mejora de una Administración de Justicia que no está a la altura de la sociedad actual.
En esta situación, parece que la protesta, la denuncia por parte de los jueces está plenamente justificada. Ojalá sirva para que rectifiquen quienes no admiten otras razones que las suyas propias, y se limitan a descalificar a quien no las comparta.
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